A nadie se le escapa que la mejor forma de vender un producto es siendo capaz de diferenciarlo del resto. Generar una imagen, que los demás proyectan sobre el propio objeto, que se caracteriza por su novedad y originalidad en un mercado repleto de semejantes.
En el ámbito del marketing político, la historia no es muy distinta. Ya es habitual (más en un contexto como el actual en el que las principales formaciones políticas no gozan de gran popularidad) ver como algunos candidatos prefieren esconder, de forma más o menos evidente, el logo de su partido o optar directamente por suprimirlo si es posible.
Estos ejemplos a nivel autonómico no son exclusivos. También en los municipios, los alcaldes recurren de manera reiterada a una campaña más personalizada en su propia figura que en la de los partidos por los que se presentan.
Existirían varias razones que explican esta circunstancia pero de entre todas las posibilidades cabe apuntar que se trata de un buen mecanismo para tratar de sortear los avatares de la 'contaminación de arenas' que se produce al concurrir dos elecciones en el mismo día (como sucederá en la mayoría de casos el próximo 24 de mayo).
De este modo el candidato local, en caso de que forme parte de un partido que a nivel estatal no pase por su mejor momento, puede tratar de enfatizar su propia imagen con la finalidad de atenuar (o incluso sortear) el previsible castigo que su formación padezca en la convocatoria electoral. Este es un comportamiento lógico si a este incentivo le añadimos el hecho de que, a causa de las características particulares de la política municipal, los políticos locales mantienen un contacto más estrecho con la ciudadanía, un activo que no conviene desechar en el momento de recordar a los votantes qué papeleta deben depositar en el sobre.
Y es que, precisamente, esa diferenciación de producto que tiene lugar a nivel municipal va más allá de una cuestión estética. Los gobiernos municipales se han venido caracterizando en los últimos años por realizar una serie de políticas públicas que, sobre el papel, rebasarían sus competencias básicas. Este suceso, ha sido nuevamente alentado en la actual situación de crisis social y económica, donde algunos municipios han implementado políticas como la apertura de comedores fuera del horario escolar, oficinas anti-desahucios, becas de material escolar, etc.
Sin embargo, este despliegue de políticas 'sobrecompetenciales' choca frontalmente con la actual legislación de régimen local aprobada en el año 2013, que busca precisamente definir y acotar las competencias municipales, reforzando el papel de las diputaciones provinciales. A ello hay que sumar la obligatoriedad de contar con el principio de estabilidad presupuestaria, que evita que los municipios incurran en déficit para realizar sus políticas públicas; cualquier gasto que se produzca debe contemplar un ingreso que le de cobertura.
Por tanto, los gobiernos municipales de nuestro país han tenido y tienen por delante la difícil tarea de conciliar extremos opuestos: por un lado, existen una serie de necesidades sociales de gran emergencia que requieren una respuesta política que sobrepasa las aparentes capacidades del municipio. Por otra parte, los mismos entes locales se encuentran 'encorsetados' por la legislación vigente que les impide aumentar sus políticas de gasto sin una contrapartida del lado del ingreso (y cabe recordar que, en este sentido, el principal instrumento recaudador de los municipios es el Impuesto de Bienes Inmuebles) lo cual parece una apuesta arriesgada de cara a afrontar una convocatoria electoral.
¿Cómo afrontan los candidatos municipales este dilema? De momento, las respuestas planteadas por parte de partidos de la oposición pasan por (además de condenar la legislación de 2013) reconocer abiertamente que los municipios deben ejercer esas 'competencias impropias' en beneficio de su ciudadanía, aunque las propuestas en materia fiscal que se realicen de manera singular no se caractericen por seguir el principio de estabilidad presupuestaria.
Más allá de la retórica electoral donde todo parece posible, ¿existe alguna forma de solucionar este 'cajón de sastre'? No resulta nada sencillo dar una respuesta definitoria pero quizás, a falta de un posible cambio legislativo, las soluciones más óptimas pasen por un ejercicio eficaz de priorización de las políticas locales (lo cual requeriría a su vez de una evaluación eficaz, otra cuestión sobre la que no escasean notorias deficiencias) y de una mejora en los mecanismos de cooperación intergubernamental en los distintos niveles administrativos.
Por último, resulta interesante poner de relieve una incógnita que plantea este análisis: ¿Cual es la relación entre el color político de un Ayuntamiento y una Comunidad Autónoma y la probabilidad de que este tienda a realizar políticas que sobrepasan sus competencias básicas?
Otras fuentes además de las referenciadas en el texto:

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