Desde hace ya algunos años, a raíz de la crisis económica, en España se ha venido avivando el debate en torno a la necesidad de reducir la temporalidad laboral (caracterizada por ser la más alta de la OCDE) y con ella, la enorme brecha entre contratos indefinidos y temporales que fomenta tanto la desigualdad social como las actividades productivas más propicias al uso de dichos contratos temporales (reproduciendo y ahondando en esta precariedad laboral, así como en un modelo productivo que no invierte en capital humano ni en innovación).
Uno de los aspectos más llamativos de este acontecimiento, es que los entes sindicales han mostrado un profundo rechazo a las propuestas de reforma de una situación dual del mercado de trabajo, que a su vez priva a los propios sindicatos de una potencial masa de afiliados y votantes que, en su condición de eventuales, no tienen los mismos incentivos y derechos laborales que los indefinidos para afiliarse o votar las listas de un sindicato en las elecciones sindicales.
Si bien es cierto que los sindicatos se han mostrado críticos con la generalización del empleo temporal; no es menos cierto que su frontal rechazo a cualquier reforma de la modalidad contractual indefinida ha derivado en una indiferencia ante el problema en cuestión. En la actualidad, la temporalidad no forma parte del discurso sindical, que lleva muchos años centrada en la demanda de incrementar distintas transferencias sociales así como el salario mínimo interprofesional.
Pero si la temporalidad laboral desincentiva la afiliación sindical, ¿Por qué los sindicatos pretenden obviarla? ¿Es una estrategia racional? La respuesta es afirmativa y tiene su origen en el modelo de relaciones laborales español, que descansa principalmente en la representación por vía unitaria.
El concepto central para comprender el sistema de relaciones laborales del lado sindical consta de tres palabras: sindicato más representativo. Este concepto hace referencia al papel institucional que consigue una organización sindical cuando acredita un 10% o más de los delegados de personal o miembros del comité de empresa a nivel estatal (Artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical).
La condición de sindicato más representativo dota al sindicato en cuestión de una mayor financiación, le otorga distintas prerrogativas legales para la negociación en cualquier sector (siempre y cuando tenga una mínima presencia) y además también da acceso al reparto de puestos directivos en diversos órganos y entes públicos (¿les suenan las cajas de ahorro?), etc.
Lo interesante, curioso y determinante del modelo, es que prima la representación en las empresas donde existan comités constituidos, así como (obviamente) elecciones para determinar sus miembros. Es decir; es un modelo que prima la representación de los trabajadores de las grandes empresas, donde se constituyen principalmente estos comités y donde la mayor parte del censo goza de un contrato indefinido.
Sin embargo, se da la circunstancia de que la mayoría del tejido empresarial español está compuesto por PYMES y no grandes empresas, y son éstas, las que emplean a la gran mayoría de trabajadores en España. Y a su vez, este tipo de empresas no suele apostar por una modalidad contractual más costosa y arriesgada como es la contratación indefinida de 33 días de indemnización por año trabajado (anteriormente 45 días), sino que prefiere una fórmula de contratación mucho más barata como la temporal (12 días de indemnización por año trabajado) que permite un ajuste de plantilla menos traumático en caso de que la actividad económica no consiga salir adelante, a pesar de que en muchos casos, fuese más recomendable una fórmula de mayor estabilidad en el empleo para el crecimiento y consolidación de la empresa.
Por consiguiente, y volviendo a la cuestión de la representatividad, es pertinente preguntarse: ¿A quién están representando realmente los sindicatos? A pesar de que su base electoral sea muy pequeña en proporción a la totalidad de los trabajadores, ese escaso apoyo les permite consolidar una posición privilegiada, y por tanto, no existen incentivos para abordar una reforma que pueda inquietar en lo más mínimo a esta reducida masa de votantes que sostienen su posición (como sería una reforma que atemperase la brecha de la dualidad laboral).
¿Es una estrategia racional? A corto plazo parece que sí, pero ciertamente estas bases de apoyo son cada vez menores (las nuevas contrataciones que se producen son temporales en más de un 90% de los casos), y es posible que los sindicatos (y partidos) no estén contemplando la posibilidad de que exista una dimensión solidaria intergeneracional. Es decir; la posibilidad de que un trabajador indefinido pueda aceptar reformas teóricamente perjudiciales, a cambio de que su hijo consiga, por fin, un puesto de trabajo estable (lo que a su vez como he señalado, favorecería su afiliación).
Independientemente de ese hipotético cálculo a medio y largo plazo, convendría replantearse un sistema de relaciones laborales que se asienta en una pequeñísima base de representación (tanto para sindicatos como para organizaciones empresariales) y que favorece una legislación tremendamente desigual, injusta y nociva para el conjunto de la sociedad.
Sería deseable que en lugar de presentar a bombo y platillo grandes y contradictorias reformas electorales como varita mágica de la solución de los problemas de España, se centrase el debate público en la reforma de cuestiones tan grotescas y problemáticas como la que aquí se plantea.
¿Es una estrategia racional? A corto plazo parece que sí, pero ciertamente estas bases de apoyo son cada vez menores (las nuevas contrataciones que se producen son temporales en más de un 90% de los casos), y es posible que los sindicatos (y partidos) no estén contemplando la posibilidad de que exista una dimensión solidaria intergeneracional. Es decir; la posibilidad de que un trabajador indefinido pueda aceptar reformas teóricamente perjudiciales, a cambio de que su hijo consiga, por fin, un puesto de trabajo estable (lo que a su vez como he señalado, favorecería su afiliación).
Independientemente de ese hipotético cálculo a medio y largo plazo, convendría replantearse un sistema de relaciones laborales que se asienta en una pequeñísima base de representación (tanto para sindicatos como para organizaciones empresariales) y que favorece una legislación tremendamente desigual, injusta y nociva para el conjunto de la sociedad.
Sería deseable que en lugar de presentar a bombo y platillo grandes y contradictorias reformas electorales como varita mágica de la solución de los problemas de España, se centrase el debate público en la reforma de cuestiones tan grotescas y problemáticas como la que aquí se plantea.
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