sábado, 18 de abril de 2015

El dilema municipal: rigor vs diferenciación




A nadie se le escapa que la mejor forma de vender un producto es siendo capaz de diferenciarlo del resto. Generar una imagen, que los demás proyectan sobre el propio objeto, que se caracteriza por su novedad y originalidad en un mercado repleto de semejantes. 

En el ámbito del marketing político, la historia no es muy distinta. Ya es habitual (más en un contexto como el actual en el que las principales formaciones políticas no gozan de gran popularidad) ver como algunos candidatos prefieren esconder, de forma más o menos evidente, el logo de su partido o optar directamente por suprimirlo si es posible.

Estos ejemplos a nivel autonómico no son exclusivos. También en los municipios, los alcaldes recurren de manera reiterada a una campaña más personalizada en su propia figura que en la de los partidos por los que se presentan. 

Existirían varias razones que explican esta circunstancia pero de entre todas las posibilidades cabe apuntar que se trata de un buen mecanismo para tratar de sortear los avatares de la 'contaminación de arenas' que se produce al concurrir dos elecciones en el mismo día (como sucederá en la mayoría de casos el próximo 24 de mayo). 

De este modo el candidato local, en caso de que forme parte de un partido que a nivel estatal no pase por su mejor momento, puede tratar de enfatizar su propia imagen con la finalidad de atenuar (o incluso sortear) el previsible castigo que su formación padezca en la convocatoria electoral. Este es un comportamiento lógico si a este incentivo le añadimos el hecho de que, a causa de las características particulares de la política municipal, los políticos locales mantienen un contacto más estrecho con la ciudadanía, un activo que no conviene desechar en el momento de recordar a los votantes qué papeleta deben depositar en el sobre.

Y es que, precisamente, esa diferenciación de producto que tiene lugar a nivel municipal va más allá de una cuestión estética. Los gobiernos municipales se han venido caracterizando en los últimos años por realizar una serie de políticas públicas que, sobre el papel, rebasarían sus competencias básicas. Este suceso, ha sido nuevamente alentado en la actual situación de crisis social y económica, donde algunos municipios han implementado políticas como la apertura de comedores fuera del horario escolar, oficinas anti-desahucios, becas de material escolar, etc.

Sin embargo, este despliegue de políticas 'sobrecompetenciales' choca frontalmente con la actual legislación de régimen local aprobada en el año 2013, que busca precisamente definir y acotar las competencias municipales, reforzando el papel de las diputaciones provinciales. A ello hay que sumar la obligatoriedad de contar con el principio de estabilidad presupuestaria, que evita que los municipios incurran en déficit para realizar sus políticas públicas; cualquier gasto que se produzca debe contemplar un ingreso que le de cobertura.

Por tanto, los gobiernos municipales de nuestro país han tenido y tienen por delante la difícil tarea de conciliar extremos opuestos: por un lado, existen una serie de necesidades sociales de gran emergencia que requieren una respuesta política que sobrepasa las aparentes capacidades del municipio. Por otra parte, los mismos entes locales se encuentran 'encorsetados' por la legislación vigente que les impide aumentar sus políticas de gasto sin una contrapartida del lado del ingreso (y cabe recordar que, en este sentido, el principal instrumento recaudador de los municipios es el Impuesto de Bienes Inmuebles) lo cual parece una apuesta arriesgada de cara a afrontar una convocatoria electoral.

¿Cómo afrontan los candidatos municipales este dilema? De momento, las respuestas planteadas por parte de partidos de la oposición pasan por (además de condenar la legislación de 2013) reconocer abiertamente que los municipios deben ejercer esas 'competencias impropias' en beneficio de su ciudadanía, aunque las propuestas en materia fiscal que se realicen de manera singular no se caractericen por seguir el principio de estabilidad presupuestaria.

Más allá de la retórica electoral donde todo parece posible, ¿existe alguna forma de solucionar este 'cajón de sastre'? No resulta nada sencillo dar una respuesta definitoria pero quizás, a falta de un posible cambio legislativo, las soluciones más óptimas pasen por un ejercicio eficaz de priorización de las políticas locales (lo cual requeriría a su vez de una evaluación eficaz, otra cuestión sobre la que no escasean notorias deficiencias) y de una mejora en los mecanismos de cooperación intergubernamental en los distintos niveles administrativos.

Por último, resulta interesante poner de relieve una incógnita que plantea este análisis: ¿Cual es la relación entre el color político de un Ayuntamiento y una Comunidad Autónoma y la probabilidad de que este tienda a realizar políticas que sobrepasan sus competencias básicas?

Otras fuentes además de las referenciadas en el texto:


lunes, 31 de marzo de 2014

Relaciones laborales y representación sindical

Desde hace ya algunos años, a raíz de la crisis económica, en España se ha venido avivando el debate en torno a la necesidad de reducir la temporalidad laboral (caracterizada por ser la más alta de la OCDE) y con ella, la enorme brecha entre contratos indefinidos y temporales que fomenta tanto la desigualdad social como las actividades productivas más propicias al uso de dichos contratos temporales (reproduciendo y ahondando en esta precariedad laboral, así como en un modelo productivo que no invierte en capital humano ni en innovación).

Uno de los aspectos más llamativos de este acontecimiento, es que los entes sindicales han mostrado un profundo rechazo a las propuestas de reforma de una situación dual del mercado de trabajo, que a su vez priva a los propios sindicatos de una potencial masa de afiliados y votantes que, en su condición de eventuales, no tienen los mismos incentivos y derechos laborales que los indefinidos para afiliarse o votar las listas de un sindicato en las elecciones sindicales.

Si bien es cierto que los sindicatos se han mostrado críticos con la generalización del empleo temporal; no es menos cierto que su frontal rechazo a cualquier reforma de la modalidad contractual indefinida ha derivado en una indiferencia ante el problema en cuestión. En la actualidad, la temporalidad no forma parte del discurso sindical, que lleva muchos años centrada en la demanda de incrementar distintas transferencias sociales así como el salario mínimo interprofesional.

Pero si la temporalidad laboral desincentiva la afiliación sindical, ¿Por qué los sindicatos pretenden obviarla? ¿Es una estrategia racional? La respuesta es afirmativa y tiene su origen en el modelo de relaciones laborales español, que descansa principalmente en la representación por vía unitaria.

El concepto central para comprender el sistema de relaciones laborales del lado sindical consta de tres palabras: sindicato más representativo. Este concepto hace referencia al papel institucional que consigue una organización sindical cuando acredita un 10% o más de los delegados de personal o miembros del comité de empresa a nivel estatal (Artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical).
La condición de sindicato más representativo dota al sindicato en cuestión de una mayor financiación, le otorga distintas prerrogativas legales para la negociación en cualquier sector (siempre y cuando tenga una mínima presencia) y además también da acceso al reparto de puestos directivos en diversos órganos y entes públicos (¿les suenan las cajas de ahorro?), etc.

Lo interesante, curioso y determinante del modelo, es que prima la representación en las empresas donde existan comités constituidos, así como (obviamente) elecciones para determinar sus miembros. Es decir; es un modelo que prima la representación de los trabajadores de las grandes empresas, donde se constituyen principalmente estos comités y donde la mayor parte del censo goza de un contrato indefinido.

Sin embargo, se da la circunstancia de que la mayoría del tejido empresarial español está compuesto por PYMES y no grandes empresas, y son éstas, las que emplean a la gran mayoría de trabajadores en España. Y a su vez, este tipo de empresas no suele apostar por una modalidad contractual más costosa y arriesgada como es la contratación indefinida de 33 días de indemnización por año trabajado (anteriormente 45 días), sino que prefiere una fórmula de contratación mucho más barata como la temporal (12 días de indemnización por año trabajado) que permite un ajuste de plantilla menos traumático en caso de que la actividad económica no consiga salir adelante, a pesar de que en muchos casos, fuese más recomendable una fórmula de mayor estabilidad en el empleo para el crecimiento y consolidación de la empresa.

Por consiguiente, y volviendo a la cuestión de la representatividad, es pertinente preguntarse: ¿A quién están representando realmente los sindicatos? A pesar de que su base electoral sea muy pequeña en proporción a la totalidad de los trabajadores, ese escaso apoyo les permite consolidar una posición privilegiada, y por tanto, no existen incentivos para abordar una reforma que pueda inquietar en lo más mínimo a esta reducida masa de votantes que sostienen su posición (como sería una reforma que atemperase la brecha de la dualidad laboral).

¿Es una estrategia racional? A corto plazo parece que sí, pero ciertamente estas bases de apoyo son cada vez menores (las nuevas contrataciones que se producen son temporales en más de un 90% de los casos), y es posible que los sindicatos (y partidos) no estén contemplando la posibilidad de que exista una dimensión solidaria intergeneracional. Es decir; la posibilidad de que un trabajador indefinido pueda aceptar reformas teóricamente perjudiciales, a cambio de que su hijo consiga, por fin, un puesto de trabajo estable (lo que a su vez como he señalado, favorecería su afiliación).

Independientemente de ese hipotético cálculo a medio y largo plazo, convendría replantearse un sistema de relaciones laborales que se asienta en una pequeñísima base de representación (tanto para sindicatos como para organizaciones empresariales) y que favorece una legislación tremendamente desigual, injusta y nociva para el conjunto de la sociedad.

Sería deseable que en lugar de presentar a bombo y platillo grandes y contradictorias reformas electorales como varita mágica de la solución de los problemas de España, se centrase el debate público en la reforma de cuestiones tan grotescas y problemáticas como la que aquí se plantea.

martes, 17 de diciembre de 2013

100 años de Willy Brandt (1913-1992)




 
Su etapa como Canciller no fue, ni mucho menos, la más larga de la historia de la República Federal Alemana (hasta el punto de que fue el tercero que menos tiempo permaneció en tal cargo). Su escaso período de gobierno tampoco se caracterizó porque tuviesen lugar grandes cambios trascendentales. Y sin embargo, Willy Brandt es posiblemente la mayor figura histórica del socialismo democrático.

Podríamos relatar toda la serie de acontecimientos vitales de la persona en cuestión: nacido como Karl Herbert Ernst Frahm el 18 de diciembre de 1913, miembro de las juventudes del SPD (en una etapa muy radicalizada), corresponsal en España durante la Guerra Civil, opositor clandestino al nazismo desde su exilio en Noruega (donde adoptó el nombre de Willy Brandt, conservándolo oficialmente en su retorno a Alemania tras la II Guerra Mundial), Alcalde de Berlín Occidental durante 9 años durante los cuales tuvo que gestionar la crisis del célebre muro, Vicecanciller y ministro de Exteriores durante la Gran Coalición (que hoy vuelve a reeditarse) de 1966, primer Canciller socialdemócrata tras la II Guerra Mundial durante casi 5 años, Presidente del SPD durante más de 20 y Presidente de la Internacional Socialista durante más de 15 años.

Pero esta breve recopilación de sucesos (que se pueden encontrar en cualquier parte) no hace, por sí misma, justicia a la memoria de un personaje de estas características. Lo esencial de Brandt reside en su fortaleza y pasión vitales. Pasión y fortaleza por unos ideales, sin que ello supusiese una ceguera de la realidad; todo lo contrario, Brandt siempre se mostró abierto, dialogante y posibilista a la par que crítico con el mundo que le tocó vivir pero al que jamás se resignó.
Son estos ideales y valores, los que inspiraron tanto la rebeldía del joven Brandt para enfrentarse contra el más terrible de los regímenes opresores, como la voluntad de consenso para tratar de llegar a acuerdos con democristianos y liberales en la formación de gobiernos estables y eficaces. Así como también inspiraron un intento de acercamiento entre las superpotencias rivales durante la Guerra Fría para consolidar un proyecto de convivencia internacional, que no se basase ya en la coexistencia; sino en la cooperación como elemento imprescindible del progreso humano.

Por último, convendría recordar, que aquellos que traten de buscar en tan notable ser humano una claudicación de sus principios ideológicos no hallarán resultado alguno. La capacidad de Brandt para reconocer las dificultades que imponen los contextos dinámicos y cambiantes del mundo globalizado, no supusieron una renuncia a sus valores; sino al contrario, un acicate para tratar de consolidar el proyecto de la igualdad y la libertad superando las adversidades.

Observar estos nuevos fenómenos como una oportunidad y no una amenaza, para el proyecto socialista. Ser auténticamente progresista y no conservador. Una visión que los partidos socialdemócratas siempre se empeñan en olvidar y que a día de hoy, nunca está de más recordar.

lunes, 11 de noviembre de 2013

¿Por qué no estoy a favor de un banco público?

En su reciente conferencia política, el Partido Socialista volvió a incidir en la necesidad de constituir un banco de titularidad pública una vez se consiga retornar al Gobierno de España. 
Esta idea no es nueva; de forma reiterada, el PSOE ha hecho mención a esta propuesta en diversos programas electorales, resoluciones congresuales, etc. Bien sea con la denominación de "banco público" o "agencia pública de inversiones". Esta también es una propuesta compartida sobre el papel con otros partidos de izquierda como IU, que también lo viene reclamando desde hace décadas.

El principal argumento esgrimido para defender esta propuesta es la necesidad de sortear la denominada "trampa de la liquidez" que se hace palpable en la UME; a pesar de que el BCE está reduciendo sus tipos de forma progresiva (desde la semana pasada se sitúan en 0'25%), las entidades financieras no están inyectando ese dinero en forma de créditos en las respectivas economías de la zona euro (la crítica recurrente en este sentido se centra en la diferencia entre los tipos de interés del BCE y los que ofertan los propios bancos comerciales). 
Según los defensores del banco público, la creación de tal entidad daría salida a esa masa monetaria prestando a intereses más bajos debido a su "finalidad social" (concepto esotérico, que jamás es desarrollado argumentativamente).

Sin embargo, dejando de lado la falta de concreción en lo referente al funcionamiento técnico del banco público, existe una duda primordial: ¿De qué forma se dirige un banco público? ¿Quién debe copar sus puestos directivos? En este sentido se contemplan dos alternativas basadas en dos criterios básicos de dirección: 1- Los criterios técnicos o económicos 2- Los criterios políticos de representación democrática.

La primera opción ha sido planteada por partidos como UPyD. Sencillamente consiste en que el banco público se organice como un banco comercial, que realice inversiones relativamente seguras y evite riesgos excesivos. Esta propuesta surge como reacción al fracaso de las cajas de ahorro que acabaron respondiendo más a intereses partidistas que a intereses generales. La solución se centra en eliminar a los representantes políticos del esquema organizativo. No obstante, llegados a este punto, es pertinente preguntarse: ¿en qué se diferencia este sistema del empleado por un banco privado cualquiera?

El segundo criterio, por contraposición, contempla la representación de intereses políticos y sociales (es decir, partidos y sindicatos) en la dirección del organismo. Se entiende que en su carácter de "representantes de la sociedad", los directivos velarán primordialmente por el interés público sobre el interés "económico" (curiosa disociación de elementos). Sin embargo, también resulta comprensible cuestionarse ¿en qué se diferencia este modelo del denostado modelo de las cajas públicas? Nuevamente se ha de depositar la confianza en unos representantes de los que se espera que no canalicen los recursos en favor de sus propios intereses.

En conclusión, a título personal y a pesar de mi notoria condición socialdemócrata, no considero que el banco público en ninguna de sus concepciones aporte una solución creíble y eficaz a los problemas del sistema financiero. Es más, puede dar lugar a que se cree un nuevo sumidero de gasto que conlleve un aumento del déficit público.

Puedo estar de acuerdo en tratar de consolidar una "banca aburrida"* (por muy compleja que sea su implementación en un mundo crecientemente globalizado), pero en lo que respecta al dinero del contribuyente, prefiero que esté encaminado a nuevos proyectos educativos (como por ejemplo la educación del tramo 0-7 años), que financiando aeropuertos peatonales en Castellón.

*http://elpais.com/diario/2009/04/19/negocio/1240146869_850215.html
* http://politikon.es/2011/01/31/el-banco-aburrido/

Artículos recomendables:

http://politikon.es/2012/07/21/entendiendo-solo-que-nos-interesa/

http://politikon.es/2012/07/02/por-que-los-politicos-son-malos-banqueros/

domingo, 1 de septiembre de 2013

¿Es Siria un nuevo Irak? Las intervenciones militares de Estados Unidos durante el siglo XXI



Los recientes acontecimientos en  Siria han suscitado una multiplicidad de reacciones en torno a la respuesta que ejercerán las potencias occidentales, y concretamente, Estados Unidos.

A juicio personal, siempre me ha resultado llamativo como desde la Guerra de Irak en 2003, los amagos de intervención militar estadounidense han recibido una considerable oleada de críticas o al menos, han suscitado fuerte controversia. Dichas reacciones han estado presididas sin duda por el recuerdo de la operación militar en Irak en 2003.

¿Pero es Siria un nuevo Irak? Desde el final de la Guerra Fría, ¿ha ejercido Estados Unidos un poder militar despótico y unilateral en los diversos conflictos en los que ha tomado parte?
Aunque una pregunta de tal calado merecería una auténtica y exhaustiva investigación, creo que sería interesante recapitular y hacer balance de forma sucinta, de los principales conflictos militares que han contado con la participación estadounidense durante el siglo XXI.

Guerra de Afganistán (2001-actualidad): El conflicto afgano tuvo lugar tras perpetrarse los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, donde murieron aproximadamente 3000 personas. El régimen talibán que imperaba en dicho Estado se negó a dejar de dar cobijo a la organización terrorista autora del atentado: Al-Qaeda, y este fue el principal “casus belli” que EEUU expuso a la Comunidad Internacional.

Una particularidad de este conflicto es que, si bien no estaba exento de controversia (al poner de relieve un fenómeno no previsto por la Carta de Naciones Unidas, de marcado corte estatalista), consiguió una amplia base de consenso internacional que dotó de mayor legitimidad a la operación. Además, la opinión ciudadana de los Estados miembros de la coalición atacante, también se mostró a favor de la misma.

El resultado de este conflicto aun está por determinar, pues sigue en curso, con el aliciente de que las tremendas dificultades y controversias que ha tenido aparejado desde el principio, están minando progresivamente su apoyo popular en los países implicados.

Guerra de Irak (2003-2011): Sin duda, el conflicto más polémico y de mayor repercusión mediática y política de los que figuran en este artículo. La 2ª Guerra del Golfo sucedió tras producirse acusaciones por parte de Estados Unidos de que el régimen iraquí estaba desarrollando armas de destrucción masiva que podrían acabar en manos de terroristas internacionales (atendiendo a supuestas vinculaciones entre dichos actores). La escasa cooperación que mostró el régimen de Saddam propició una Resolución (la 1441) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que instaba al dictador iraquí a emplear una última oportunidad para cooperar con los inspectores de armamento de la organización. Amparándose en esta última Resolución, y ante la eventualidad de que una Resolución más explícita fuese imposible de conseguir, Estados Unidos y Reino Unido (junto con el apoyo de otros Estados) iniciaron en marzo de 2003 la invasión de Irak.

Aunque la operación militar in situ fue un éxito; la incapacidad para restablecer el orden, así como la escasísima legitimidad y nulo consenso internacional de la operación, han dado lugar a que Irak sea “el gran borrón” de las recientes intervenciones estadounidenses  y la principal fuente de descrédito para EEUU.

Guerra de Libia (2011): El precedente inmediato a la eventual intervención en Siria aconteció tras las protestas populares en diversos países árabes (conocidas popularmente como “Primavera árabe”). Al igual que sucedió en otros Estados, los protestantes clamaron contra el régimen establecido y el hombre al frente del mismo: Muamar el Gadafi. Tras la durísima represión del dictador contra su pueblo, el conflicto derivó en una guerra civil. Con el fin de proteger a la población civil, la ONU sacó adelante la Resolución 1973, que estableció una zona de exclusión aérea al tiempo que se desmarcaba del empleo de tropas terrestres. La intervención internacional fue decisiva para cambiar el curso de la guerra, que terminaría con la victoria rebelde sobre los partidarios de Gadafi a finales de año.

Este conflicto exhibe una serie de particularidades con respecto al resto de los aquí presentes; en primer lugar, el grado de consenso fue considerable, hasta el punto de que se consiguió que la operación fuese acorde al derecho internacional (aunque para ello Rusia y China tuvieran que abstenerse, una circunstancia un tanto heterodoxa a la hora de aprobar una Resolución en el Consejo de Seguridad) contando incluso con el apoyo de la Liga Árabe. Segundo, Estados Unidos afrontó el conflicto con un perfil político llamativa e intencionadamente bajo; el recuerdo de Irak seguía muy presente y Barack Obama pretendía desmarcarse del talante unilateral y soberbio de su predecesor en el cargo. Tercero, y a consecuencia del segundo, la operación fue liderada en buena medida por Francia y Reino Unido en virtud del mencionado perfil adoptado por Estados Unidos.

Es importante destacar que el principio bajo el cual Naciones Unidas autorizó la intervención fue la denominada “Responsabilidad de Proteger”; un concepto de reciente creación no exento de polémica que pretende garantizar la intervención internacional en conflictos de carácter interno con el fin de evitar violaciones de derechos humanos. El precedente más impactante que motivó la creación de este concepto fue el Genocidio de Rwanda en 1994, donde la pasividad internacional fue objeto de numerosas críticas ante los tremendos crímenes que tuvieron lugar. Otro episodio relevante y posterior fue el que tuvo lugar en Kosovo, a finales de la década de los 90.

Guerra de Siria (2011-actualidad): Aunque el conflicto sirio no se distingue demasiado del caso libio, el papel estratégico y activo de Rusia (principal aliado del régimen de Al-Asad y suministrador de armamento para el mismo) hizo imposible llegar a un acuerdo internacional para realizar una operación. La tensión diplomática se mantuvo durante todo el año 2012 con Rusia cerrada en banda a cualquier tipo de acción conjunta de la Comunidad Internacional, lo que dio lugar a que el conflicto comenzase a enquistarse y complejizarse por momentos, adquiriendo un grado de violencia creciente e ilimitado. Hoy día resulta curioso como buena parte de la opinión pública inculpaba a Estados Unidos de la inacción en Siria, ya que según dichas opiniones, “en Siria no hay petróleo como en Irak o Libia”.

La posibilidad real de que el régimen dictatorial sirio haya empleado armas químicas contra sus opositores (armas de destrucción masiva) ha dado lugar a que las potencias occidentales se planteen seriamente una intervención al margen de la legalidad y el consenso internacional en el seno de Naciones Unidas. En el supuesto de intervenir, se estaría ante una situación similar a la de Kosovo, donde ante la proliferación de matanzas y violaciones masivas, la ONU fue incapaz de actuar debido a la cerrada defensa rusa en torno a Milosevic y tuvieron que ser las fuerzas de la OTAN (lideradas por Bill Clinton y promovidas por Tony Blair y Javier Solana) quienes realizaron una campaña de bombardeos selectivos que dio fin al conflicto.

Sin embargo, muchos son los interrogantes en torno a la intervención: ¿Quiénes son los rebeldes? ¿Cuál es su proyecto político? ¿Qué consecuencias tendría para la imagen de Estados Unidos una nueva intervención al margen de la legalidad internacional tras el trauma iraquí?

En cualquier caso, aunque no es posible llegar a una conclusión definitiva; si existen razones para pensar que la actuación de Estados Unidos, tanto por su perfil menos destacado como por su búsqueda del consenso internacional, no es similar a la que esgrimió en Irak. Pero a pesar de todo ello, todo apunta a que la imagen y credibilidad de la Administración Obama se verá minada en un contexto de creciente tensión diplomática que resulta ser más imprevisible de lo inicialmente esperado.

Algunos enlaces de interés:

Enseñanzas extraídas de Rwanda:
http://www.un.org/spanish/preventgenocide/rwanda/responsibility.shtml

¿Es jurídicamente necesaria una nueva resolución para atacar Irak?

Las armas químicas y el ataque a Siria: una cuestión de fe
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=%2Felcano%2Felcano_es%2Fzonas_es%2Fcomentario-arteaga-armas-quimicas-ataque-siria

jueves, 18 de julio de 2013

Política monetaria y riesgo moral en la UE



De un tiempo a esta parte y cada vez de forma más intensa, se ha ido poniendo en cuestión la política monetaria que ha seguido el Banco Central Europeo en el marco de la actual crisis económica. En el caso de España, las opiniones críticas con dicha política no han dejado de aparecer en varios medios de forma más explícita o velada durante el último año, y el debate parece avivarse cada vez que se conocen nuevas medidas por parte de otras entidades reguladoras como el Banco de Japón o la Reserva Federal de Estados Unidos.

La crítica en cuestión sugiere que la política monetaria del BCE es excesivamente tímida en su orientación expansiva atendiendo al contexto de recesión y estancamiento económico en la UE, y también en comparación a la que siguen otros organismos reguladores (ya señalados). A juicio de quienes sostienen estas posiciones, el BCE debería ampliar su catálogo de medidas a implementar con el fin de que se inyecte una mayor liquidez en el sistema financiero, fomentando así la inversión privada e incrementando a su vez la demanda agregada (D = C + I + GP + (X-M) ).  El efecto que producirían dichas políticas sería un incremento de la actividad económica acompañada consecuentemente de un descenso del desempleo y, paulatinamente, un incremento de la inflación. Precisamente, los que sostienen esta postura sugieren que si el BCE no aplica estas medidas es por una de estas dos razones: 1) Su objetivo prioritario es el control de la inflación y ha sido priorizado en exceso, 2) (mi favorita) El BCE está al servicio de Alemania.

Dejando de lado aquellas interpretaciones más sesgadas, existen razones y evidencias claras para pensar que el BCE está actuando de una manera racional sin que su máximo imperativo sea el control de las tensiones inflacionarias (al menos a corto plazo en vista de las previsiones que se manejan). Estas razones confluyen en dos conceptos económicos clave: la trampa de la liquidez y el riesgo moral.

La decisión de reducir o aumentar los tipos de interés (principal mecanismo de la política monetaria) no tiene la misma eficacia; está demostrado que a la hora de buscar una moderación de las tensiones inflacionarias, el aumento de los tipos de interés se revela como un instrumento de gran efectividad. Pero esto no sucede necesariamente cuando lo que se persigue es relanzar el crecimiento económico a partir de la reducción de tipos, ya que puede suceder que las entidades financieras no presten esa masa monetaria que el banco central les proporciona, este último fenómeno es el que se denomina trampa de la liquidez. En lo que respecta a la política de tipos de interés del BCE, estos se han ido reduciendo progresivamente en el actual escenario de estancamiento y recesión, pero aun se mantienen medio punto por encima de los tipos de otros bancos centrales como la Reserva Federal de EEUU o el Banco de Japón por ejemplo. El problema en cuestión ya se está dejando notar como fenómeno económico a partir de esta reducción de tipos del BCE; las entidades bancarias no están empleando ese dinero que la autoridad monetaria les presta a un interés mínimo para hacer fluir el crédito, sino que aun consideran que las expectativas de rentabilidad son escasas y la demanda no está siendo estimulada.

Con respecto al riesgo moral, hay que tener en cuenta que en muchos aspectos, la economía de la eurozona es un tanto esclerótica; en la medida en que los problemas que han de afrontar los Estados miembros son distintos entre sí y sus estructuras productivas son muy variadas, esto se debe tanto a diferencias situacionales como a que la política económica está dividida competencialmente y dificulta su armonización a nivel europeo. Y cabe decir que estos “shocks asimétricos” no están, lógicamente, presentes en los casos japonés o estadounidense, o al menos no lo están de forma tan sumamente acusada. La necesidad de atajar los problemas particulares de cada economía obliga a una política monetaria más precavida, con el fin de evitar que el impulso monetario de lugar a un falso escenario de recuperación económica sin que se hayan paliado los defectos subyacentes en cada Estado miembro. Es aquí donde encontramos el riesgo moral; en este caso concreto el concepto hace referencia al escenario hipotético en el cual el BCE actuaría para aliviar la situación económica sin que los Estados miembros hayan reformado sus estructuras productivas.

En síntesis (y aquí comienzan las valoraciones más subjetivas), la situación ejemplifica lo que ha venido siendo la política europea los últimos años: mientras la UE señala aquellos defectos en las economías nacionales, los Estados miembros prefieren evadir sus responsabilidades confiando en una hipotética mejora de la coyuntura económica que les permita evitar el supuesto coste electoral que tendrían dichas reformas estructurales. Solo cuando la situación llega a su límite más extremo, los Estados más afectados aceptan la necesidad de tomar decisiones difíciles (a cambio de financiación europea), pero de momento estas han sido tremendamente desacertadas o ineficaces (por no hablar de su fortísima regresividad social).

Resulta obvio que el papel del BCE es de vital importancia para relanzar el crecimiento económico en la Unión Europea y mantener su envidiada posición como primera potencia mundial en PIB nominal; pero ese impulso monetario no puede llegar si antes no se solventan todas las deficiencias que impiden una correcta adaptación al marco económico global, y que por consiguiente también impiden el beneficio social que la globalización puede traer consigo.

(Este post no deja de ser un resumen sintético y subjetivo de la situación actual. Es muy posible por tanto que adolezca de algunas carencias técnicas y argumentales -sin duda imputables a su autor-, por ello y para los lectores más exigentes se publica la siguiente lista de enlaces).

Artículos de mayor lustro que han inspirado este post: